Un grupo de personas con un cartel que dice: "Abortos legales"

Ilustraciones: Marta Pucci

Aborto

El aborto es asistencia médica

Para garantizar la seguridad, el aborto debe ser legal

El acceso a abortos seguros y oportunos es esencial para la salud de cualquier persona que puede quedar en embarazo. Las leyes restrictivas no evitan los abortos, sino que causan que más personas busquen abortos que no están regulados y son, por lo tanto, peligrosos.

Los estudios muestran que la elección de tener hijos, también llamada autodeterminación reproductiva, aumenta enormemente la salud y calidad de vida de las mujeres. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (1) afirma que la elección reproductiva, incluyendo el acceso a servicios que garanticen el aborto seguro, debería ser una herramienta básica y no negociable para asegurar los derechos humanos de todas las mujeres alrededor del mundo (1). Este sentimiento resuena en las organizaciones clínicas de EE. UU. que se enfocan en la salud reproductiva femenina: el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (American College of Obstetricians and Gynecologists), el Colegio Americano de Enfermeras Parteras (American College of Nurse Midwives), Planned Parenthood, la Sociedad para la Planificación Familiar (Society of Family Planning) y el Poder de Decidir (Power to Decide).

El aborto puede ser una decisión muy difícil. Pero puede ser vital para mantener la salud física y mental de una persona, su trayectoria académica, estabilidad financiera, relaciones familiares y su capacidad para criar los hijos que ya tiene. En resumen, puede ser esencial para la realización de los objetivos y felicidad de una perosna. Y debería poder realizarse sin miedo a los prejuicios o a las repercusiones legales.

En todo el mundo, la falta de acceso a abortos legales hace que las personas busquen otras maneras inseguras de terminar un embarazo; 45% de todos los abortos se consideran inseguros (2). Los abortos no seguros son responsables del 13% de las muertes maternas en todo el mundo (3). A pesar de que el derecho al aborto en EE. UU. es extremadamente politizado, el aborto es común: cerca de la mitad de los embarazos no son deseados y aproximadamente 34% de estos terminan en un aborto (4, 5). Por esto es fundamental para la salud reproductiva femenina que haya acceso a opciones tempranas y seguras, como el aborto médico (un aborto con medicamentos) y abortos quirúrgicos con proveedores médicos autorizados, calificados y responsables, sin amenazas, miedo o interferencia política.

Acceso al aborto en Latinoamérica y países de habla hispana

En la mayoría de los países de Latinoamérica no está legalizado el aborto y realizarlo constituye un delito. La severa restricción del aborto supone un grave problema de salud pública.

Al menos el 10% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros.

Y anualmente, unas 757.000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas (6).

Solamente Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido por sus leyes (7).

En el caso de México, la Ciudad de México, es la única entidad del país donde está aprobada la interrupción legal del embarazo (ILE). La cual es permitida hasta las 12 semanas de gestación y en casos especiales hasta la vigésima semana (violación o inseminación artificial no consentida, grave peligro para la madre, alteraciones genéticas o congénitas del no nacido y embarazo que sea resultado de una conducta culposa de la mujer) (8, 9, 10). En el resto del país está admitido el aborto solo en las condiciones especiales descritas anteriormente, con algunas variaciones de acuerdo a la entidad (11).

En cambio, los códigos penales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití prohíben, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo. Las leyes de Ecuador, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Guatemala y Belice solo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada corran peligro (7, 12, 13, 14, 15).

Mientras que en países como Argentina, Colombia, Chile y Bolivia se aprueba la interrupción del embarazo en condiciones muy específicas normadas por sus leyes (16, 17, 18, 19, 20). Caso también de Brasil, que permite el aborto en tres situaciones: embarazo resultado de violación, riesgo de muerte para la persona gestante y en la de gestación de feto anencéfalo (21, 22).

Por medio de este link podrás ingresar a la página del “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe” en donde podrás encontrar las actualizaciones sobre las legislaciones del aborto en dicha región,

El caso particular del aborto en España

la Ley del Aborto de 1985 despenalizó en España la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: cuando hubiera un "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" en cualquier momento de la gestación, en caso de violación en las 12 primeras semanas y cuando "se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas" en las primeras 22 semanas.

En 2010 se aprobó una nueva ley que sigue vigente, y que permite el aborto libre y voluntario en las 14 primeras semanas de embarazo. También está permitido en España dentro de las 22 semanas de gestación en caso de "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto"; y en cualquier momento si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable".

En caso de existir riesgo para la vida o salud de la mujer más allá de la vigésimo segunda semana de gestación, la ley vigente establece que lo adecuado será la práctica de un parto inducido, con lo que “el derecho a la vida e integridad física de la mujer y el interés en la protección de la vida en formación se armonizan plenamente”.

La ley de 2010 obliga a que las personas sean informadas antes de abortar "sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas" de apoyo a la maternidad, así como de sus derechos laborales, beneficios fiscales y centros de asesoramiento vinculados con el embarazo y la maternidad. También impone informar a las personas que quieran abortar por motivos de malformaciones o enfermedad del feto sobre ayudas a la discapacidad y la red de organizaciones de apoyo.

Y por último, profesionales deben informar a las personas sobre posibles consecuencias "médicas, psicológicas y sociales" de interrumpir su embarazo (23, 24).

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una ilustración de la flor de Clue
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